CARLOS SALINAS DE GORTARI (Fuente Fundación CIDOB)

Una brillante carrera como tecnócrata del PRI
Cuestionado triunfo en la elección presidencial
Las grandes reformas económicas del sexenio salinista
Un crecimiento con bases frágiles
La reforma política a remolque
Sucesión de convulsiones en el último año de ejercicio
Un ex presidente caído en el oprobio


1. Una brillante carrera como tecnócrata del PRI
Hijo del que fuera ministro de Comercio con el presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) y luego embajador en la URSS y senador por Nuevo León, Raúl Salinas Lozano, recibió su formación primaria, secundaria y preuniversitaria en las escuelas Abraham Lincoln, Héroes de Chapultepec y San Ildefonso, respectivamente.

Posteriormente, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por la que se licenció en Economía en 1969 con una memoria titulada Agricultura, industrialización y empleo: el caso mexicano, y en la Universidad estadounidense de Harvard, por la que obtuvo sendas maestrías en Administración Pública (1973) y Economía Política (1976), así como el doctorado en Economía Política y Gobierno (1978).

En estos años, fue profesor asistente de Estadística en la UNAM y, a partir de 1976, enseñó Finanzas Públicas y Política Fiscal en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Deportista consumado, obtuvo la medalla de plata en los VI Juegos Panamericanos celebrados en Cali, Colombia, en agosto de 1971 como componente del equipo de equitación mexicano.

En 1969 se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ininterrumpida y hegemónicamente en el poder desde su fundación en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Salinas empezó ejerciendo de ayudante del diputado federal Gonzalo Martínez Corbalá, que le introdujo en el vasto andamiaje de una formación nacida para integrar a las distintas facciones salidas de la Revolución de 1911-1914, que funcionaba como un verdadero partido-Estado y cuyas divisas habían sido un particular izquierdismo de tipo no socialista, luego evolucionado a un centrismo no menos impreciso, el nacionalismo, el laicismo y el estatalismo.

Posteriormente empezó a prestar servicios en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del partido y a impartir clases en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), órgano responsable de formar ideológicamente a los cuadros priístas destinados a ocupar puestos en la función pública y las distintas instituciones políticas del Estado. En 1976 se desempeñó como director general del IEPES y en 1979, y de nuevo de 1981 a 1982, como subdirector del ICADEP.

Sirviéndose de la militancia partidista como trampolín y promocionado por los dirigentes Héctor Hernández Cervantes y Mario Ramón Beteta Monzalve, durante la década de los setenta Salinas compaginó la actividad académica arriba reseñada con diversos puestos de responsabilidad técnica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, registrando desde 1971 una de las carreras de servidor público más notables del México moderno.

Fue sucesivamente jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Asuntos Hacendarios y Asuntos Internacionales (1974-1976), analista en Crédito Público y jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Planeación Hacendaria (1976-1978), y subdirector (1978) y director (1978-1979) general de esta misma división de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 1979, gobernando José López Portillo, Salinas fue nombrado director general de Política Económica y Social en la Secretaría de Programación y Presupuesto, así como secretario técnico del Gabinete Económico. Con la toma de posesión el 1 de diciembre de 1982 del nuevo Ejecutivo de Miguel de la Madrid Hurtado, antiguo profesor suyo en la UNAM y cuya campaña presidencial había supervisado desde el IEPES, pasó a encabezar la propia Secretaría de Programación y Presupuesto, desocupada por de la Madrid. Salinas asumió este su primer cometido ministerial poco después de convertirse en miembro de la Comisión Nacional de Ideología del PRI.

El presidente de la Madrid delegó en su hombre de confianza la paternidad de una nueva política económica que principió las reformas más características de la década siguiente: la austeridad en el gasto, la liberalización del comercio exterior y la diversificación de las exportaciones, la apertura a las inversiones foráneas, la reconversión industrial y la privatización de empresas del Estado, y los recortes en los programas y subsidios sociales.

2. Cuestionado triunfo en la elección presidencial
El 4 de octubre de 1987 Salinas cesó en su función gubernamental al ser destapado, esto es, personalmente e inapelablemente seleccionado por de la Madrid -formalmente, designado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máxima instancia directiva del partido- como candidato del PRI a las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988, imponiéndose sobre otros dirigentes que, se creía, contaban con altas posibilidades de ser agraciados por el célebre procedimiento del dedazo, como eran los casos de Alfredo del Mazo González, ex gobernador del estado de México y actualmente secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Manuel Barlett Díaz, secretario de Gobernación, y Ramón Aguirre Velásquez, jefe del Gobierno del Distrito Federal.

Tan sólo días después de la designación se produjo el hundimiento de la bolsa mexicana y el arranque de una espiral inflacionista, obligando al equipo económico del Gobierno a adoptar medidas de control y austeridad consistentes en el reajuste a la baja del tipo de cambio del peso, la congelación de los tipos de cambio, salarios, tarifas y precios, y la reducción del gigantesco funcionariado del Estado. El año terminó registrando una inflación del 160%.

El impacto social de estas medidas de contingencia emborronó las perspectivas electorales del PRI, confrontado ya con el envejecimiento natural de un modelo político que se estaba mostrado ineficaz para responder a los retos de la economía global en ciernes y a las aspiraciones sociales de cambios profundos, y de Salinas, más cuanto que le había salido un contrincante de peso, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el carismático hijo del reverenciado ex presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), recientemente defenestrado del PRI por demandar la democratización de las estructuras del partido y subido a la lid presidencial al frente de un Frente Democrático Nacional (FDN).

La incertidumbre presidió el día de los comicios, el 6 de julio de 1988. Tan pronto se cerraron las urnas y se avanzaron excelentes resultados para Cárdenas, se produjo una sospechosa avería temporal en el sistema de computación del voto. El FDN denunció, no sin fundamento, que el PRI había cometido un gran fraude y que había arrebatado la victoria a su candidato, sospechas que no remitieron después de que la Comisión Federal Electoral anunciara, el 13 de julio, los resultados oficiales: Salinas resultó ganador con el 50,4% de los votos, seguido de Cárdenas con el 31,1% y de Manuel Jesús Clouthier del Rincón, por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), con el 17%.

En las elecciones al Congreso, el PRI mantuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras, si bien en la baja se redujo a 260 de los 500 diputados, volatilizando, por primera vez, la mayoría de dos tercios requerida para aprobar reformas constitucionales.

La mayoría absoluta adjudicada a Salinas era, con todo, la más exigua nunca obtenida por el PRI en una elección: en 1982 de la Madrid ganó con el 74,3% de los votos, cifra ciertamente apabullante pero que en su momento causó sorpresa por tratarse de la más baja obtenida por un candidato priísta desde hacía 30 años, lo cual daba una idea de la trascendencia de los resultados de 1988, ya que, aun en el caso de que Salinas hubiera ganado a Cárdenas limpiamente, lo sucedido prenunciaba el final de una hegemonía que había durado seis décadas y que, por otra parte, había hecho de México el país más estable de Latinoamérica dentro de su peculiar democracia formal. Las elecciones de 1988 supusieron para México la transición a un sistema político con partido predominante y condición semicompetitiva.

El 1 de diciembre de 1988 Salinas tomó posesión de su mandato sexenal como, a sus 40 años, el más joven presidente de México desde tiempos de Lázaro Cárdenas. En sus primeras alocuciones, el flamante mandatario se comprometió a hacer más transparente la vida política, fortaleciendo la legitimidad del proceso electoral y modernizando el sistema de partidos, y a lanzar un ambicioso plan de reformas económicas para vigorizar el anémico crecimiento y acelerar la reducción de la inflación, que en 1988 registraron las tasas respectivas del 1,1% del PIB y el 52%. Los comentaristas destacaron que con Salinas triunfaba, por primera vez desde la fundación del partido, la tecnocracia y el economicismo sobre la ideología y la política, tan bien representados por los diez mandatarios anteriores, todos ellos abogados de formación.

Salinas no contemplaba menoscabar la supremacía política del PRI en aras de la depuración democrática del sistema mexicano, pero su perfil técnico, su distanciamiento del lenguaje populista y nacionalista, y su determinación reformista en lo económico le granjearon desde el principio la hostilidad apenas contenida de sectores tradicionalistas de su partido así como de la vieja burocracia sindical priísta presente en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), guardiana de las conquistas sociales y laborales de la Revolución.

Los temores de estos poderes fácticos no eran caprichosos, pues, retrospectivamente, puede aventurarse que la ofensiva desreguladora y liberalizadora lanzada por Salinas terminó por desmantelar, salvo en el sector petrolero, la estructura estatal-corporativista del PRI, el cual, muy debilitado, ya nunca sería el mismo. Así, muchos mexicanos, priístas y no priístas, sitúan en los años de Salinas el origen del histórico desalojo del poder en las elecciones de 2000.

3. Las grandes reformas económicas del sexenio salinista
Bajo la administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (TELMEX), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, medios de radiodifusión y, finalmente, la banca.

La histórica reforma del sistema bancario, rematada en diciembre de 1993, suponía la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo, el Banco central de México, Banxico, fue dotado reforma constitucional mediante de un régimen jurídico que, conforme al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.

Eminentemente pragmático, Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos para el Estado, ganancias que luego el Gobierno se encargaría de revertir a la sociedad, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto.

Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como única excepción relevante el emblemático monopolio Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, pues empezó a estructurarse como holding, con asunción de criterios de eficiencia y racionalidad, una estructura divisional y la apertura a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.

El segundo florón del "liberalismo social" pregonado por Salinas fue la modificación, en febrero de 1992, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el período cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de "contrarreforma agraria".

En tercer lugar, Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia fuera, a la exportación, en detrimento de la industrialización. En la liberalización comercial, el desarme arancelario a gran escala, iba a fundar, pues, México, sus perspectivas de progreso, y en primer lugar, el presidente apostó duro por la inclusión en el área de libre comercio que fraguaban Canadá y Estados Unidos, país que por sí solo concentraba el 73% de todos los intercambios de México con el exterior.

Este histórico despegue del área latinoamericana para unirse a la Norteamérica rica y anglosajona desembocó en la firma por Salinas, el 17 de diciembre de 1992 y simultáneamente al presidente George Bush y al primer ministro Brian Mulroney cada uno por separado, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por el que los tres países aplicaban un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez años que debía culminar en 2004 con la plena entrada en servicio del área de libre cambio.

El sueño de Salinas no estuvo lejos de ser arruinado por las fuertes resistencias al proyecto en sectores políticos y económicos de Estados Unidos, pero el 17 de noviembre de 1993, con gran alivio del mandatario mexicano, el Congreso de Washington aprobó el tratado gracias a la campaña de convencimiento lanzada por el nuevo presidente demócrata, Bill Clinton.

En opinión de Salinas, el libre acceso a un mercado de 290 millones de personas iba a relanzar las exportaciones mexicanas, mientras que la apertura propia iba a captar fuertes inversiones empresariales de los socios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial (bienes de consumo destinados a la exportación), atraídos por los bajos costes salariales, con la consiguiente creación de puestos de trabajo. Pero los críticos de la integración comercial presentaron una batería de argumentos adversos y empezaron por señalar los riesgos que supondría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.

Del importante nivel que alcanzó el diálogo mexicano-estadounidense dejaron constancia las numerosas cumbres de Salinas, doce en total, con Bush y Clinton. La primera reunión de Salinas como presidente en ejercicio con Bush se registró en París el 14 de julio de 1989, su primera visita oficial a Estados Unidos fue del 1 al 6 de octubre siguiente y la primera de Bush a México, a Monterrey y Agualeguas, el 26 y 27 de noviembre de 1990. Con Clinton, Salinas intercambió las primeras citas en Nueva York el 26 de septiembre de 1994 y en Ciudad de México y Tlaxcala del 5 al 7 de mayo de 1997.

Atento Salinas a la inserción en las iniciativas emergentes de la nueva economía globalizada, y con el propósito de diversificar en lo posible la clientela comercial, México fue el primer país hispanoamericano que ingresó en la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Seattle el 19 y 20 de noviembre de 1993, mientras que la adhesión, el 18 de mayo de 1994, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), exclusivo club del capitalismo internacional, le permitió identificarse con el primer mundo económico, no obstante continuar México anclado entre los países de desarrollo medio.

La prioridad del TLCAN no implicó, empero, menoscabo en los tradicionales vínculos con los estados de América Central y del Sur; antes al contrario, se renovaron desde una perspectiva desideologizada y comercial. El 10 de enero de 1991 la capital chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez acogió una cumbre entre Salinas y los cinco presidentes centroamericanos que significó el relanzamiento del protagonismo de México en la región y que preparó el acuerdo, firmado por los cancilleres en Managua el 20 de octubre de 1992, para la creación de una zona de libre comercio a seis.

En añadidura, con Nicaragua, en agosto de 1992, y con Costa Rica, en abril de 1994, se adoptaron sendos tratados de libre comercio. Ya en el terreno de la facilitación de conflictos, Salinas fue uno de los denominados "presidentes amigos" del secretario general de la ONU en la mediación del proceso de paz de El Salvador. Así, la capital mexicana fue el escenario elegido para la firma, el 16 de enero de 1992, del acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno y la guerrilla salvadoreños.

Con Colombia y Venezuela, socios en el Grupo de los Tres (G-3), el país azteca resolvió establecer el 13 de junio de 1994 otra área de libre comercio a partir del 1 de enero de 1995. Y en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), se firmaron otro Tratado de Libre Comercio, con Bolivia, el 10 de septiembre de 1994, y un Acuerdo de Complementación Económica, con Chile, el 22 de septiembre de 1991. Por otra parte, Salinas, inaugurando un bienio de gran prestigio internacional, fue el anfitrión en Guadalajara el 18 y 19 de julio de 1991 de la primera Cumbre Iberoamericana, ámbito en el que se encontraban todos los países de América Latina más España y Portugal.

4. Un crecimiento con bases frágiles
El PIB mexicano creció en el primer cuatrienio de la administración de Salinas un promedio anual del 3,2%. En 1993 la tasa marcó sólo el 0,4%, en parte debido a una actuación del Gobierno para impedir el recalentamiento de la economía, y 1994 recuperó la pauta anterior. La inflación marcó en 1989 el 19,7%, en 1990 remontó hasta el 30% y en lo sucesivo descendió progresivamente hasta el índice del 7,1% en 1994. En este comportamiento positivo fue instrumental la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del nuevo peso, que restó tres ceros al anterior.

A la bonanza económica y la estabilidad monetaria se les sumó una negociación con el FMI para la reestructuración de la deuda externa que produjo resultados moderadamente positivos. Primer país del continente en abrazar (julio de 1989) el Plan Brady ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos, México recortó el servicio de la deuda y hasta 1992 el monto de la misma osciló ligeramente por encima de los 100.000 millones de dólares, comenzando a crecer luego.

Pero el retroceso de la inflación y el déficit de las finanzas públicas (en 1992 el salinismo puso fin a este endémico descubierto y obtuvo un espectacular superávit del 3,4%) exigió grandes sacrificios, sobre todo la disminución sistemática del poder adquisitivo de las clases medias y bajas. Para compensar los bajos salarios, la reforma del ejido y la supresión de intervenciones proteccionistas y asistenciales, el Estado puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que, financiado con el producto de las privatizaciones, invirtió en infraestructuras de comunicaciones, servicios sociales, vivienda subvencionada y becas y ayudas, si bien la oposición no dejó de observar en tal programa la última campaña de proselitismo y clientelismo del PRI, preocupado por las próximas citas electorales. Otro capítulo en el que Salinas tuvo actuaciones fue el medioambiental, en especial la contención de la contaminación y la degradación urbana en la megalópolis del Distrito Federal.

En los momentos de mayor optimismo del Gobierno Salinas por la constatación de un nuevo milagro económico mexicano (otra etapa calificada de milagrosa había sido el boom desarrollista fundado en el petróleo en la segunda mitad de los años setenta, durante el lopezportillismo), varios analistas coincidieron en advertir que el crecimiento se estaba apoyando sobre estructuras hueras, ya que la mayoría de los capitales privados estaban siendo invertidos, no en actividades productivas, sino en fórmulas de riesgo con alta rentabilidad, creando una peligrosa burbuja especulativa. Así, en 1992, más de la mitad de los 60.000 millones de dólares en capital foráneo estaba invertida en la bolsa de valores.

5. La reforma política a remolque
Cuando tomó posesión, Salinas, de una manera implícita -y más tarde, explícitamente, aludiendo a la malograda experiencia de Mihaíl Gorbachov en la URSS-, indicó que la reforma política no se efectuaría simultáneamente y con el mismo énfasis que la económica, una prelación de la perestroika sobre la glasnost que en medios periodísticos vino en llamarse la "salinistroika".

Con todo, bajo su mandato se efectuaron cambios importantes en el sistema político, tras los que quizá figuraron tanto una sincera voluntad democratizadora como el deseo de marcar el terreno a los poderosos caciques y dinosaurios priístas, interviniendo contra los aspectos más groseros de sus redes clientelistas y abusos de poder. Para Salinas, estos "viejos revolucionarios" que alertaban contra la liquidación de hecho de la Revolución mexicana eran más bien unos "nuevos reaccionarios"

Los enfrentamientos que sostuvo con ellos, así como las intervenciones contra los desafueros de mafias político-delictivas, como la apadrinada por el líder del gremio de trabajadores del petróleo, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, detenido en una espectacular acción policial en enero de 1989, le reportaron en los primeros años del mandato una innegable popularidad.

Salinas acometió una reforma en profundidad del sistema electoral y durante 1989 y 1990 el Congreso aprobó diversas enmiendas a la Constitución y el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Entre las innovaciones más significativas de esta ley estaban: la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), que relevó a la Secretaría del Interior en la organización y supervisión de las elecciones; la actualización del padrón y la emisión de nuevas credenciales de los electores; y, el establecimiento del Tribunal Federal Electoral (TFE), encargado de resolver sobre impugnaciones y sancionar violaciones de la ley electoral.

En 1993 se dio otro paso con la aprobación por el Congreso, el 24 de agosto, de una serie de nuevas modificaciones del régimen electoral. Entre otras cosas, se abolió la denominada cláusula de gobernabilidad y se limitó el máximo de escaños que un partido podía obtener al 65% del total, independientemente del porcentaje de votos. Con ello, se impedía que un partido en solitario pudiera sacar adelante reformas constitucionales. Asimismo, se amplió el número de senadores de 64 a 128, cuatro por cada estado. La asignación del cuarto de ellos al primer partido minoritario de cada estado tenía como objetivo aumentar la representación no priísta en el Senado.

La disposición de Salinas al diálogo con los actores de la sociedad civil se expresó en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), suscrito el 20 de octubre de 1992 como la puesta al día del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico del 12 de diciembre de 1988, y en la normalización, mediante la reforma de cinco artículos de la Constitución, de las relaciones con la Iglesia (o las Iglesias), que fue reconocida como sujeto jurídico. Con este cambio histórico, el Estado mexicano mutó su anticlericalismo y su agnosticismo militante por una definición de aconfesionalidad que salvaguardaba la libertad de cultos y, con algunas condiciones, la enseñanza a cargo de congregaciones religiosas.

El PRI perdió su primer gobierno estatal en Baja California Norte, a manos del PAN, el 2 de julio de 1989, pero las elecciones legislativas del 18 de agosto de 1991 otorgaron un gran triunfo al partido del presidente, con el 61,5% de los votos y 320 diputados de la Cámara; el PAN ganó sólo el 17,7% y el PRD de Cárdenas, contra todo pronóstico, se hundió al 8,2%. Estas fueron las primeras elecciones celebradas bajo el COFIPE y, aunque registraron consistentes denuncias de fraude, fueron sin duda las más transparentes nunca celebradas en el país.

Salinas, que ya venía destituyendo a mandos policiales por estar comprados por las mafias de la droga, incluso obligó a renunciar a tres gobernadores priístas en asunción de las protestas por la comisión de flagrantes irregularidades electorales en sus estados. El puñado de escaños que el PRI necesitaba para aprobar las reformas constitucionales arriba señaladas se lo prestó el PAN, que había obtenido 89 puestos en la Cámara baja. Ahora bien, la prueba de fuego del reformismo político de Salinas iba a ser la elección presidencial de 1994. Por de pronto, Salinas no renunció al procedimiento antidemocrático del dedazo, que era uno de los atributos más característicos del sistema fuertemente presidencialista.

El tapado de Salinas fue, para desolación de los jefes priístas hostiles a ceder espacios de poder a la oposición (y, por consiguiente, a perder prebendas y privilegios), un asesor y protegido desde antiguo, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el joven y muy popular ex presidente del partido y ahora ministro de Desarrollo Social, identificado como el principal rostro de la izquierda del PRI. La designación de Colosio fue el 28 de noviembre de 1993, y algo antes, a finales de marzo, Salinas obtuvo de la XVI Asamblea Nacional del partido, reunida en Aguascalientes en una atmósfera de intenso debate, la inclusión del concepto de liberalismo social en el sustrato ideológico de la sexagenaria formación.

6. Sucesión de convulsiones en el último año de ejercicio
En 1992 se tenía la sensación de que Salinas iba a quedar en los anales como un gran estadista autor de reformas clave, con unos altos niveles de aceptación y que encima despidió su mandato con unos datos económicos faustos. Esta percepción comenzó a evaporarse en 1993 y más aceleradamente en el año electoral de 1994. El 24 de mayo de 1993 el asesinato en un aparatoso tiroteo entre narcotraficantes del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, muy querido por el pueblo por sus valientes y enérgicas denuncias de la corrupción política y la impunidad con que actuaban las bandas del crimen organizado en el estado de Jalisco, prologó una cadena de magnicidios que turbó a la sociedad.

Para el Ejecutivo de Salinas, la primera borrasca seria descargó el 1 de enero, coincidiendo con el comienzo de la aplicación del TLCAN. Ese día se alzó en armas en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual, dirigido por el carismático y enigmático Subcomandante Marcos, reveló al mundo y al propio México que la euforia liberal del salinismo había dejado intactos, si no los había acentuado, muy graves problemas característicos del Tercer Mundo, con la pervivencia de grandes bolsas de pobreza extrema y flagrantes situaciones de injusticia social en estados olvidados donde los poderes públicos, los terratenientes y las organizaciones criminales actuaban sin arreglo a la ley ni control de ningún tipo. Salinas primero apostó por la fuerza frente a los zapatistas, pero pronto cambió de estrategia al entender que su aplastamiento sin contemplaciones tendría un enorme coste político, interna y externamente, para el Gobierno.

Al cabo de dos semanas escasas de combates con el Ejército, que dejaron varios cientos de muertos y algunos millares de heridos entre guerrilleros, soldados y civiles, así como alrededor de 60.000 campesinos desplazados, el 12 de enero se alcanzó un precario alto el fuego. El 2 de marzo, el comisario del Gobierno federal, Manuel Camacho Solís, y la guerrilla alcanzaron en San Cristóbal de las Casas con la mediación del obispo local, Samuel Ruiz, un acuerdo de principio sobre 34 medidas políticas y económicas, en torno al reconocimiento de los derechos de los indígenas, la reforma estatal y la mejora de las condiciones de vida de los sectores marginados. Hasta el final del mandato de Salinas, imperó una cierta calma en Chiapas, pero los problemas de fondo siguieron intactos por la escasa voluntad gubernamental para tratarlos.

Una segunda y enorme conmoción supuso el asesinato de Colosio el 23 de marzo cuando acababa de pronunciar un discurso electoral en Lomas Taurinas, Tijuana. El magnicida, un mecánico llamado Mario Aburto Martínez, siempre insistió en que actuó solo, pero la opinión pública tenía muy claro que había una conspiración detrás, bien desde el frente de los narcotraficantes, bien desde el propio PRI.

Se recordó que el 6 de marzo anterior Colosio se había distanciado del Gobierno de Salinas, había presentado a México como un país aún tercermundista en varios aspectos y se había comprometido con lanzar una vasta reforma política para equipararse al sistema con las democracias normales. Colosio fue rápidamente suplido por Ernesto Zedillo Ponce de León, un competente tecnócrata surgido del reformismo salinista que asumió como suyas las promesas del que había sido su jefe de campaña.

Tras este suceso el país se sumió en la crispación y el desasosiego, ganando momento los secuestros de empresarios para cobrarles rescate, los escándalos de corrupción, el asesinato de varias personas que podían tener información comprometedora sobre el crimen de Tijuana y la sospechosa empantanada de las investigaciones del caso. Empero, Salinas deseaba dejar su mandato con la satisfacción de unas elecciones generales impecables, así que suscribió un pacto sin precedentes con los partidos de la oposición para garantizar, de manera definitiva, la limpieza y libertad de los comicios.

Contrariamente a lo que cupiera esperar, el PRI superó aceptablemente el examen en las urnas el 21 de agosto de 1994, más teniendo presente que la participación, excepcional, fue del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988. Zedillo, disociado del salinismo por parte del electorado, ganó con el 50,2% de los votos al panista Diego Fernández de Cevallos y al perredista Cárdenas, mientras que en las legislativas el PRI perdió 20 diputados. Aunque se detectaron los habituales procedimientos de la maquinaria priísta (uso proselitista de recursos públicos, empleo abusivo de los medios de comunicación, inducción al voto a cambio de emolumentos), los observadores nacionales e internacionales coincidieron en señalar a Zedillo como el primer presidente elegido sin fraude de relieve.

Pero a Salinas le iba a estar vedado un traspaso presidencial sin novedad. El 28 de septiembre cayó asesinado en Ciudad de México el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, dirigente del ala reformista del partido y ex marido de la hermana del presidente, Adriana Salinas, hasta que el matrimonio terminó en un tumultuoso divorcio. La segunda eliminación física en la cúpula priísta en algo más de seis meses no dejó lugar a dudas sobre que se libraban implacables vindictas en el partido del poder, donde los sectores más reaccionarios estarían intentado advertir contra la prosecución de la reforma política por la administración entrante. Tampoco se descartaba el largo brazo de los capos de la droga, ya que el hermano del asesinado, Mario Ruiz Massieu, era subprocurador general de la República encargado de la lucha contra el narcotráfico.

El 1 de diciembre Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la Presidencia, que probablemente no pudo tener un estreno más sobresaltado. El 19 de diciembre, informado de que las reservas internacionales de dólares estaban agotándose vertiginosamente al ritmo de la fuga masiva de capitales, comenzada tras el asesinato de Colosio y acelerada en noviembre, Zedillo decidió devaluar el sobrevalorado peso en un 15%, pero el nuevo margen de cotización fue inmediatamente rebasado, obligando a declarar la libre flotación de la moneda.

Hasta final de año, el peso perdió un 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y colocando las finanzas mexicanas al borde del colapso. Sólo un gigantesco plan de salvamento internacional capitaneado por Estados Unidos permitió estabilizar el mercado cambiario, pero, eso sí, a cambio de aplicar un extraordinariamente duro plan de ajuste.

7. Un ex presidente caído en el oprobio
El 28 de febrero de 1995 fue arrestado en Ciudad de México el hermano mayor de Salinas, Raúl, acusado por la Procuraduría General de la República de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu (los medios especularon con que Raúl habría ordenado el crimen para impedir que la víctima revelara, tal como había amenazado, sus manejos corruptos y las relaciones con el narcotráfico), pero al día siguiente el subprocurador especial Pablo Chapa Bezanilla implicó directamente al ex presidente en la conspiración política, imputación que él tachó de absurda al tiempo que defendió la inocencia de su hermano.

Sin embargo, el escándalo estaba servido, y Carlos Salinas comunicó la retirada de su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la entidad nacida el 1 de enero anterior a partir del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), para suceder al irlandés Peter Sutherland, en lo que contaba con el apoyo de Estados Unidos, lo que era como tener el puesto asegurado.

El 3 de marzo el ex presidente inició una huelga de hambre en Monterrey para exigir a las autoridades el público descargo de cualquier responsabilidad suya en la crisis financiera de diciembre y en la obstrucción de las investigaciones judiciales del caso Colosio. La Procuraduría reconoció el segundo punto el 4 de marzo y el Gobierno el primero al día siguiente, momento en que Salinas puso fin a su particular forma de protesta. Para sorpresa y escarnio generales, el 11 de marzo Salinas marchó con su familia a Nueva York como si de un fugitivo se tratara, pero ello no detuvo las investigaciones judiciales.

Estos hechos produjeron conmoción en la opinión pública mexicana y en el PRI, pues nunca antes se habían emprendido acciones judiciales contra el entorno presidencial, una parcela tradicionalmente intocable. A Salinas le llovió una tromba de durísimas recriminaciones. La comunidad internacional que hasta la víspera tanto le había ensalzado, puso en tela de juicio sus políticas económicas, y en México, los medios de comunicación y diversas voces de la sociedad civil arremetieron contra el resultado funesto de la apertura liberal, que había sumido a millones de mexicanos en la pobreza y ensanchado las desigualdades sociales. Como remate, ahora el país debía salir adelante con el más draconiano programa de ajuste y estabilización del que se tenía recuerdo, arruinando en el camino a muchas familias.

Incluso Zedillo y el PRI se apresuraron en distanciarse del período salinista y en adjudicarle todas las culpas por el desaguisado financiero. En el imaginario popular, el clan Salinas ya estaba indisolublemente ligado con la autoría del cobarde asesinato de Colosio (aunque no existía ninguna apreciación judicial de tal extremo) y con el enriquecimiento ilícito cuando a la ciudadanía el presidente le había prescrito austeridad y sacrificio. Alcanzó tal magnitud el desprecio y la cólera públicos contra Carlos Salinas, chivo expiatorio favorito de la frustración general, que hizo fortuna su caricaturización como el Chupacabras, la supuesta criatura alienígena importada de Puerto Rico que en aquellos años saltó a la prensa mundial por sus ataques a ganado en algunos estados mexicanos para, aseguraba esta moderna leyenda urbana, succionarles la sangre.

A lo largo de 1995, el paradero de Salinas se situó alternativamente en Nueva York, Boston, Montreal y algunos puntos del Caribe. En enero de 1996 se supo que acababa de establecerse en una propiedad en las afueras de Dublín, un lugar de autoexilio no caprichoso si se tiene presente que Irlanda carecía de tratado de extradición con México. Esta protección de su integridad la adoptó Salinas una vez que la Procuraduría, el 18 de diciembre, le cargara con los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Ahora bien, el 27 de mayo anterior el presidente fue exonerado de cualquier concurrencia en la instigación del asesinato de Ruiz Massieu, removiendo el nubarrón de una eventual acusación por un delito del que el fuero constitucional no le protegía.

Desde la capital irlandesa, Salinas ha presenciado el juicio y condena a 50 años de prisión, en enero de 1999, de su hermano y ha insistido una y otra vez en que el desastre financiero que se le achaca fue resultado del "error de diciembre", esto es, la "temerosa y vacilante" devaluación decretada por Zedillo para corregir el inicuo sobrevalor del peso.

Este y otros argumentos de justificación y exoneración, como la responsabilidad por la histórica derrota del PRI a manos del PAN en las presidenciales de julio de 2000, así como la acusación a Zedillo de encabezar una campaña de destrucción personal orquestada por "políticos corruptos" del PRI, que no le habrían perdonado las reformas que impulsó, y "narcotraficantes", constituyen el contenido de las entrevistas que ha concedido y del voluminoso libro de memorias México, un paso difícil hacia la modernidad.

Este libro fue presentado en octubre de 2000 en Ciudad de México, en la quinta de una serie de visitas esporádicas al amparo del secreto de sumario sobre su mandato (la anterior se produjo en junio de 1999, para asistir a la graduación de su hijo Emiliano y visitar a su padre enfermo), y reavivó los rescoldos de la peripecia familiar. En una conversación con su hermana desde la cárcel y contenida en unas cintas magnetofónicas divulgadas por los medios (y con toda seguridad, facilitadas malévolamente por el entorno de Zedillo), Raúl le acusó de "traidor" y "cobarde" por haberlo reprobado moralmente cuando "sabía perfectamente" que los más de 100 millones de dólares que la familia colocó en Suiza provenían de fondos públicos.

Además del libro personal arriba citado, el ex presidente mexicano es autor de los trabajos técnicos Producción y participación política en el campo mexicano (su tesis doctoral de 1978, editada en 1980), La inducción en el sistema nacional de planeación en México (1981), Consideración económicas acerca de la regulación de la empresa pública (1981) y Rectoría del Estado en la Constitución mexicana (1985).